El Gobierno de España ha aprobado recientemente un anteproyecto de ley que propone reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin disminución salarial. Esta medida, que aún debe ser ratificada por el Congreso, busca mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, así como aumentar la productividad y reducir el absentismo laboral.
Calendario de implementación
Según el anteproyecto, una vez que la ley sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a la nueva jornada laboral. Esto significa que la reducción a 37,5 horas semanales debería estar plenamente implementada antes de finalizar el año 2025.
La reducción de la jornada laboral en España es una de las reformas laborales más esperadas y debatidas de los últimos años. El Gobierno ha propuesto una disminución progresiva de la jornada máxima legal de 40 horas semanales a 37,5 horas semanales sin reducción salarial.
Pero, ¿cuándo y cómo se aplicará esta medida? 📅 Te lo explicamos en detalle.
La aplicación de la nueva jornada se llevará a cabo de manera gradual:
🔹 Año 2024: Se espera la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados en el segundo semestre del año.
🔹 Año 2025: Entra en vigor la reducción inicial de la jornada laboral a 38,5 horas semanales.
🔹 Año 2026: Se implementa la segunda fase de reducción, alcanzando las 37,5 horas semanales de manera definitiva.
Plazo límite: Todas las empresas deberán haber adaptado sus convenios colectivos antes del 31 de diciembre de 2025.
¿A quién afecta esta reducción de jornada?
Esta reforma se aplicará a todos los trabajadores por cuenta ajena bajo el Estatuto de los Trabajadores, lo que incluye sectores públicos y privados. Sin embargo, las empresas con convenios específicos o sectores con horarios especiales (como sanidad o transportes) podrían contar con excepciones o medidas de flexibilización.
Aspectos clave de la nueva normativa
Registro obligatorio de jornada
- Será digital y accesible para la Inspección de Trabajo.
- Se reforzará la supervisión para evitar horas extra no remuneradas.
Mayor conciliación laboral y derecho a la desconexión digital
- Se fomentará un equilibrio entre vida personal y trabajo.
- Se prohibirá contactar a empleados fuera de su horario laboral (salvo excepciones justificadas).
Productividad y adaptación empresarial
- Se incentivará la adopción de tecnologías y nuevas formas de organización del trabajo para mantener la productividad.
Opiniones y debate en el sector laboral
Sindicatos y trabajadores
- Apoyan la medida, asegurando que mejorará la calidad de vida y reducirá el estrés laboral.
- Afirman que las empresas deben apostar por la digitalización y la eficiencia en lugar de depender de largas jornadas laborales.
Empresas y sectores empresariales
- Algunos consideran que la reducción de jornada puede aumentar los costes laborales si se necesitan más contrataciones.
- Otros afirman que una mejor organización del tiempo de trabajo puede compensar la menor carga horaria sin afectar la productividad.
Ejemplos internacionales
Países como Alemania, Francia o Países Bajos ya tienen jornadas laborales inferiores a 40 horas con buenos niveles de productividad.
La reducción de jornada no ha afectado negativamente a la economía en estos países, sino que ha favorecido la innovación y la eficiencia.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en España es una realidad que está en camino. Si se aprueba la ley, el cambio será progresivo hasta 2026, con un plazo de adaptación para empresas y trabajadores.
Reacciones y debates
La propuesta ha generado un intenso debate. Mientras que los sindicatos han mostrado su apoyo, argumentando que una jornada más corta no afecta negativamente a la economía y puede mejorar la productividad, algunos sectores empresariales han expresado su preocupación por los posibles costos adicionales y la falta de consenso en la implementación de la medida.
En resumen, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en España está prevista para ser implementada antes de que finalice 2025, siempre y cuando el anteproyecto de ley sea aprobado por el Congreso y las empresas adapten sus convenios colectivos dentro del plazo establecido.
